Artículo 7

🏛 Descripción oficial del Ejecutivo

El artículo 7° establece diversas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, Decreto N° 430, destinadas a optimizar la gestión administrativa, incentivar la producción y ajustar el monitoreo ambiental a la realidad operacional. En primer lugar, se faculta a la Subsecretaría para encomendar a entidades externas inscritas en registros oficiales la elaboración de informes técnicos sobre la existencia de bancos naturales en áreas de concesión. En materia de operación, se establece un desincentivo a la inactividad mediante la incorporación de un cobro adicional a la patente única de acuicultura, de carácter anual. Dicho recargo ascenderá a 6 UTM por hectárea por cada año de no uso, contado desde el tercer año en que se configure dicha situación, y luego a 16 UTM por hectárea adicionales por cada año de no uso, contado desde que hayan transcurrido cincuenta y cuatro meses desde que se configure dicha situación. Para estos efectos, el reglamento deberá definir los niveles mínimos de actividad exigidos. Consecuentemente, se elimina la paralización de actividades por más de dos años como causal de caducidad de la concesión, reemplazando dicha sanción por el mencionado recargo a la patente única de acuicultura. Por otra parte, se acotan los indicadores que se deben registrar y transmitir para el monitoreo ambiental en las zonas o áreas geográficas donde se desarrolla la actividad acuícola, con el objeto de adecuar dicha obligación a la realidad operacional. Lo anterior, atendido que el control de ciertos indicadores actualmente exigidos presenta dificultades técnicas y costos desproporcionados de implementación, concentrándose así los esfuerzos de fiscalización en aquellos parámetros efectivamente medibles y relevantes para un adecuado seguimiento ambiental. A ello se suma el mandato para que exista coordinación e interoperabilidad de datos entre los órganos del Estado. Finalmente, se reforma el procedimiento para encomendar informes e inspecciones a terceros, suprimiendo la rigidez de la licitación previa general para transitar hacia un sistema de licitación expedita y electrónica entre los inscritos en registros del Servicio. El pago de estos servicios será de cargo del solicitante y se efectuará en una cuenta extrapresupuestaria, bajo un esquema de plataforma pública que garantice la transparencia en los criterios de selección de los prestadores.

⚠️ Efectos que podrían pasar desapercibidos

Esta sección incluye efectos posibles, no certezas. Cada punto está anclado en el texto pero requiere interpretación.

• •Podría producirse un efecto de retención de concesiones ociosas: al reemplazar la caducidad por un recargo escalonado, un titular con capacidad financiera puede conservar indefinidamente una concesión sin operarla pagando la patente aumentada, lo que podría reducir la disponibilidad de áreas para nuevos entrantes.
• •Es posible que el tope reglamentario del 50% de la operación máxima prevista en la resolución de calificación ambiental permita considerar 'en uso' a centros que operan muy por debajo de su capacidad autorizada, debilitando el incentivo real a producir que el mensaje declara perseguir.
• •Vale la pena preguntarse si la reducción de los parámetros ambientales obligatorios a la lista cerrada del nuevo artículo 87 ter implica que indicadores hoy exigidos y relevantes para detectar impacto acuícola (por ejemplo, sedimentos o materia orgánica) dejen de registrarse, ya que el texto enumera taxativamente los indicadores sin cláusula de apertura.